Una maraña de expedientes, bolsas negras y retrasos de meses y hasta años en las investigaciones de homicidios y desapariciones cometidos entre 1999 y 2003 por integrantes de un Batallón La Popa. Esa es la escena que describe la primera e histórica sentencia de la Sala de Reconocimiento contra 12 militares retirados.Este jueves la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz condenó los exintegrantes de la Fuerza Pública a cumplir entre 5 y 8 años a seis proyectos restaurativos y que, a diferencia de la decisión contra ex-Farc, esta si da detalles sobre restricción a la movilidad.Jep. Foto:MAURICIO MORENOEn el mismo documento de 584 páginas se compulsaron copias para investigar a un sancionado procurador y a dos jueces por presuntas omisiones en ‘falsos positivos’.Se trata de Carlos Darío Martínez Acosta en su calidad de Juez 21 de Instrucción Penal Militar, Heidi Johana Zuleta Gómez, en su calidad de jueza encargada del Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar y Jueza 15 de Brigadas y Pedro Luis Toro Pedro Luis Toro Sierra, en su calidad de Procurador 227 Judicial Penal I.Según el propio testimonio de la jueza Heidi Johana Zuleta Gómez, al asumir el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar encontró 26 procesos de homicidio sin actuaciones, 17 de ellos sin trámite alguno, y otros 37 reportes por muertes en combate que, al parecer, habían sido depositados en una bolsa negra sin registro ni apertura.La Sección constató que, en promedio, pasaban 270 días entre el hecho y la apertura de las indagaciones preliminares, con atrasos máximos de 511 días. Antes de abril de 2003, el Juzgado 21 estaba a cargo del juez Carlos Darío Martínez Acosta, capturado poco antes de la llegada de Zuleta Gómez.“A partir del testimonio de Zuleta Gómez la Sala de Reconocimiento logró establecer que al momento de su llegada, 26 investigaciones de homicidio, adelantadas en contra de integrantes del batallón, no contaban con actuaciones de la Justicia Penal Militar, lo que presuntamente implicó la falta absoluta de trámite de 17 de los asesinatos y desapariciones cometidos por integrantes del batallón entre enero de 2002 y mayo de 2003 y de otros 37 reportes por muertes en combate, ocurridos entre el 12 de junio de 1999 y marzo de 2003”, se lee en la sentencia.JEP. Foto:MAURICIO MORENOSegún ella, no hubo entrega formal de los procesos y tuvo que inventariarlos sola. En esa labor halló unas 80 diligencias previas, 63 de ellas por homicidio, sin registro ni trámite adecuado.“Las diligencias de estos procesos al parecer fueron depositadas en una bolsa negra y solo fueron objeto de instrucción una vez Zuleta Gómez fue designada como encargada del referido despacho”, agrega la Sala.El informe también apunta a la actuación del Procurador 227 Judicial Penal I en Valledupar, Pedro Luis Toro Sierra. Aunque en 2006 la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por faltas gravísimas y omitir denunciar irregularidades en el Juzgado 21, en 2013 el Consejo de Estado anuló esas decisiones y ordenó su reintegro.“Se identificaron bolsas plásticas, que fueron ubicadas en un cuarto dispuesto para el archivo que contenían 41 diligencias previas y denuncias penales remitidas por competencia por la justicia ordinaria. Estos procesos estaban relacionados con homicidios que ocurrieron en el año 1999 y en ningún caso los expedientes contaban con algún tipo de sello, fecha de recibo o constancia secretarial que indicara cuándo y por qué llegaron a ese despacho. Tampoco se halló evidencia de documentos que dieran cuenta de su incorporación formal a un expediente”, dice el documento.Sin embargo, la Sección advierte que debe compulsarse copias a la Fiscalía para que indague si Toro Sierra pudo haber tenido algún tipo de participación en la comisión o perpetuación de estos crímenes internacionales imprescriptibles.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com