La Corte Suprema de Justicia recordó con dolor la semana que pasó una de las peores tragedias de la historia reciente: la toma y retoma del Palacio de Justicia, en un acto de memoria para que no vuelva a repetirse. Octavio Tejeiro, presidente de este alto tribunal, habló con EL TIEMPO sobre estas lecciones y las nuevas pruebas que enfrenta la justicia, entre estas, las amenazas a su independencia.¿Qué lecciones le deja a la democracia colombiana el holocausto del Palacio de Justicia?Cuatro décadas después de los trágicos hechos del Palacio de Justicia, obligan al país a mirar de frente su historia y a preguntarse qué hemos aprendido como democracia. El holocausto del Palacio nos deja una gran lección sobre la necesidad de preservar y proteger las instituciones, de defender la justicia y de creer en sus jueces. Hoy, la Corte Suprema promueve un ejercicio de memoria que no busca quedarse en el pasado, sino proyectarse hacia el futuro. Hemos emprendido un diálogo directo con las nuevas generaciones para que, a través de las voces de las víctimas, sus familias y los testigos de los hechos, conozcan lo ocurrido y comprendan que recordar es una forma de impedir que se repita. En distintas ciudades –Villavicencio, Bucaramanga, Santa Rosa de Viterbo, Medellín y Valledupar– la Corte ha dejado esculturas y obras de arte que se alzan como símbolos de memoria y esperanza. Son huellas materiales que recuerdan que la democracia se defiende todos los días y que la justicia no puede volver a ser atacada.Corte Suprema de Justicia Foto:Cortesía¿Qué nuevas pruebas enfrentan las instituciones y, principalmente, la Rama Judicial?La justicia siempre está a prueba, pero una de las más grandes que hoy enfrenta –y que además se manifiesta en todo el mundo– está asociada a los intentos por afectar la independencia judicial, ese bastión esencial de la democracia. Detrás de la independencia judicial están las garantías de los ciudadanos, la vigencia del Estado de derecho y la vitalidad de la sociedad misma. Atacar esa independencia, o intentar debilitarla, abre la puerta a escenarios muy graves: al debilitamiento institucional, a la arbitrariedad y a la pérdida de confianza ciudadana. Por eso insisto: la independencia de los jueces no es un privilegio, es una garantía para la sociedad. Detrás de cada decisión judicial hay un compromiso con la verdad, con los derechos de las personas y con la defensa de la democracia. Cuando un juez puede decidir sin presiones, el ciudadano puede vivir sin miedo. Por eso, preservar la independencia judicial es preservar la libertad de todos y todas.¿Cómo toma la Corte Suprema las desacreditaciones del presidente de la República contra la absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe?En una democracia, es legítimo disentir y expresar opiniones. Esa pluralidad, además de ser una garantía democrática, fortalece el debate público y hace parte del ejercicio de la libertad. Pero toda libertad implica responsabilidades. Cuando se trata de decisiones judiciales, el camino para controvertirlas no es elevar el tono ni acudir a interpretaciones convenientes, sino seguir las vías que la Constitución y la ley señalan. Las decisiones judiciales se debaten con argumentos jurídicos y en los escenarios que el ordenamiento prevé. Cualquier intento por saltarse esas reglas, especialmente en tiempos de polarización o contienda electoral, puede convertirse en una trampa para la democracia: la de politizar la justicia. Las instituciones judiciales hablan a través de sus decisiones. Y cada decisión –sea compartida o no– merece respeto, porque encarna la aplicación del derecho, no la conveniencia del momento. Nadie está por encima de la justicia, pero la justicia tampoco puede estar por debajo de nadie. Esa es la línea que sostiene la República y que debemos cuidar con prudencia, equilibrio y respeto entre poderes.Presidentes de las altas cortes. Foto:Juan Diego TorresComo juez, ¿qué observación hace sobre la gobernanza por decreto que, en ocasiones, ha empleado el Presidente y que mereció el freno del Consejo de Estado por usurpar funciones del Congreso?El presidente de la República tiene la atribución constitucional y legal de expedir decretos para el cumplimiento de sus funciones. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado ejerce el control necesario para que esos decretos se ajusten a la Constitución y a las leyes del país. Cuando el Consejo de Estado emite sus decisiones, es la voz de la justicia la que se escucha. Su intervención no debe verse como una confrontación con el Gobierno, sino como el ejercicio natural del equilibrio entre poderes que establece la Constitución. Ese control fortalece al Estado y protege la democracia. Por eso, las decisiones del Consejo de Estado no deberían generar molestia ni descalificaciones personales. Si existen desacuerdos, la Constitución y la ley señalan los caminos institucionales para expresarlos. La fortaleza de una república radica en que sus poderes se respeten y colaboren entre sí. Cada vez que la justicia cumple su función de control, reafirma que el poder sin límites deja de ser democrático.Otro tema epicentro de polarización es la reforma pensional. Con las manifestaciones de las centrales obreras y los comentarios del presidente Petro contra el magistrado ponente en la Corte Constitucional, ¿cree que ha habido una presión indebida?Todos los colombianos tienen derecho a disentir y a expresar su opinión. Ese es un principio esencial de la democracia. Pero también hemos sostenido que esos derechos deben ejercerse dentro de los procedimientos y cauces que la Constitución y la ley señalan. El diálogo es una herramienta fundamental de la democracia, pero para que cumpla su propósito debe realizarse de manera respetuosa, amable y argumentada. Los ataques personales, las descalificaciones o los señalamientos al margen del fondo de las decisiones judiciales distorsionan el sentido del debate público y envían mensajes equivocados a la sociedad. La discusión jurídica exige serenidad, no presión.Durante su presidencia, la Sala Especial de Instrucción, en un hecho inédito, encarceló a los expresidentes del Congreso. ¿Cuál cree usted que es el mensaje de la justicia con esta decisión?La Corte Suprema ha actuado con rigor, responsabilidad y respeto absoluto por el debido proceso. La Sala Especial de Instrucción ha adelantado esas investigaciones con independencia y ha asegurado a cada uno de los procesados el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución les reconoce. Esa independencia es la que da sentido al mensaje que la Corte ha transmitido al país: en Colombia, nadie está por encima de la ley. La Corte decide con base en las pruebas y en el derecho, no en los nombres ni en las posiciones de poder. Otras investigaciones avanzan con la misma seriedad y con muy buen ritmo, y el país conocerá nuevas decisiones. Cada una reafirmará el compromiso de la Corte con la verdad, con la transparencia y con el cumplimiento efectivo de la ley.La próxima sala plena del alto tribunal esta convocada para el 8 de febrero. Foto:Justicia EL TIEMPOLa Sala Penal también ha dado concepto favorable a al menos tres extradiciones que el Presidente mantiene suspendidas por la vinculación de esas personas con negociaciones de paz. Esa fue una de las razones que Estados Unidos tuvo en cuenta para descertificar a Colombia. ¿Cómo resolver esa disyuntiva?El presidente de la República, conforme a la Constitución, es el jefe de las relaciones exteriores del país y, por tanto, el responsable de conducir la política internacional y las decisiones en materia diplomática. Eso no tiene ninguna discusión. Esa atribución le otorga una potestad discrecional que, al mismo tiempo, implica una gran responsabilidad, que debe ejercer con plena conciencia de sus efectos, tanto en las relaciones con otros Estados como en la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Lo que la sociedad espera es que ese manejo sea prudente, transparente y coherente con los principios que rigen nuestro ordenamiento constitucional.Usted está por culminar su periodo en esta alta corte. Conociendo desde adentro la máxima institución de la justicia ordinaria, ¿qué impresión se lleva de la fortaleza institucional colombiana?Colombia tiene una solidez institucional importante. Esa fortaleza le ha permitido mantener y proteger la democracia, incluso en medio de las tensiones y dificultades propias de la historia del país. Detrás de esa democracia están los derechos de los ciudadanos, están la libertad, la igualdad, la paz, la justicia y todos los valores que nos sostienen como nación.¿Qué mensaje les deja a los servidores judiciales?El llamado es a seguir trabajando por el bien del país, con independencia, responsabilidad y compromiso. A ejercer la función judicial con integridad y valentía, dejando de lado las presiones y las injerencias que, en ocasiones, intentan interferir en el cumplimiento de su deber.El magistrado Tejeiro dice que a los llaneros les hace falta creer más en ellos mismos. Foto:Juan Herrera¿Y a los colombianos?En este momento, es necesario recordar las palabras del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1985, aquellas palabras que aún resuenan con fuerza: “¡que cese el fuego!” A todos los colombianos y colombianas hay que decirles que debemos cesar muchos fuegos: el fuego de la exclusión, el fuego de la acusación insensata, el fuego de la desinformación y el fuego de la descalificación. Son llamas que destruyen la confianza, dividen a la sociedad y debilitan la democracia.¿Cuál es el balance de su gestión?Este año hemos hecho una defensa sólida, respetuosa y constante de las instituciones judiciales, de la democracia y, en general, de todas las estructuras que sostienen a una nación como la nuestra. En lo judicial, logramos un avance significativo con la firma del convenio con la Real Academia Española, que permitirá que Colombia se integre a la red panhispánica de lenguaje claro. Es una exigencia del mundo actual: que las decisiones judiciales sean comprensibles para la ciudadanía, porque la claridad también es una forma de acceso a la justicia. La Corte, además, ha promovido una cultura de memoria y de reflexión, reafirmando que el pasado debe recordarse para fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones. Y el 27 de junio de este año, los jueces y juezas de Colombia suscribieron la Declaración de Principios Éticos Judiciales, inspirada en virtudes como la independencia, la imparcialidad, la integridad, la cortesía, el respeto y la prudencia. Esa adhesión reafirma que la justicia colombiana no solo se mide por sus fallos, sino por la rectitud de quienes la ejercen. Ese es el mensaje que quiero dejarle al país: la Corte Suprema ha defendido con serenidad, firmeza y convicción la independencia judicial, la ética pública y la confianza en los jueces y las juezas de Colombia.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: