En una decisión con pocos antecedentes, la Fiscalía reversó, cuatro horas después de haberla anunciado, la imputación de cargos penales por omisión en contra del jefe de la UNP, Augusto Rodríguez, en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.Rodríguez es una de las manos derechas del presidente Gustavo Petro. Por unas horas se convirtió oficialmente en el primer alto funcionario del Gobierno en ser vinculado a las investigaciones por el caso, pues al menos en 23 oportunidades el propio senador y sus allegados le solicitaron a la Unidad de Protección que reforzara el esquema de seguridad asignado.Esto nunca ocurrió y el día del atentado, el 7 de junio del año pasado, el sicario que le disparó a Miguel Uribe logró acercarse a menos de dos metros. Apenas tres escoltas custodiaban al que era en ese momento una de las cabezas de la oposición al gobierno Petro y uno de los hombres más amenazados del país.Anoche, después de la noticia de la imputación contra Rodríguez, la Fiscalía informó que esa primera decisión no valía porque supuestamente la fiscal que la tomó, Gloria Esperanza Caicedo, no formaba parte del Grupo de Tareas Especiales designado con la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025 para las investigaciones del magnicidio. Esa fiscal pertenece a la Unidad de Administración Pública, y los investigadores del caso Uribe, a la Unidad de Vida.Augusto Rodríguez y Miguel Uribe Turbay. Foto:El Tiempo”Se deja la constancia en razón a que la Resolución considera que esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes que son los indicados en el artículo tercero, con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia”, dice un oficio de este lunes firmado por la fiscal Gloria Caicedo.Es decir, para la Fiscalía desde junio pasado cualquier decisión en las investigaciones del magnicidio debía pasar por el grupo de trabajo que lidera la fiscal Elsa Reyes. Sin embargo, la denuncia que fue interpuesta por el abogado de la familia del senador asesinado, Víctor Mosquera, avanzó en el despacho de Caicedo, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que finalmente decidió, según se informó inicialmente, “radicar solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Esto, en atención a que no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”.Miguel Uribe Turbay el día del atentado. Foto:Archivo particularSegún explicaron fuentes de la entidad, la decisión de no imputar no es definitiva, pues esa posibilidad puntualmente deberá ser analizada por el Grupo de Trabajo especialmente creado para el caso. Por su lado, el abogado Alejandro Carranza, quien defiende a Rodríguez, aseguró que desde el primer momento le advirtió a la fiscal de la Unidad de Administración Pública que supuestamente no era competente para tomar esa decisión.Hasta la orden de reversar que salió de las más altas esferas del búnker al caer la tarde de este lunes, Augusto Rodríguez tenía agendada para el próximo 11 de febrero la audiencia de imputación por supuesta omisión.El lunes en la noche, la administración de Camargo empezó a sentir las consecuencias del ‘reversazo’. “Fiscal de bolsillo” la llamó el candidato del Centro Democrático Daniel Briceño. Entre tanto, el jurista Francisco Bernate aseguró que los fiscales “son autónomos” y mostró extrañeza por la decisión tomada por la Fiscalía General.Cabe resaltar que las denuncias por falta de seguridad para candidatos por parte de la UNP han sido un lunar que ha marcado la administración de Rodríguez, quien fue uno de los que se rebelaron por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño y que, pese a eso, aún sigue en su cargo en el alto gobierno.Parque El Golfito Foto:EL TIEMPODe hecho, cuando atacaron el 7 de junio del año pasado a Uribe Turbay se desató un fuerte debate sobre las fallas en el esquema y qué tanta protección se le había dado al miembro del Centro Democrático.El abogado Mosquera es uno de los que más han insistido en que hubo responsabilidad estatal en el asesinato. El año pasado, el penalista resaltó la decisión de un juez, en la que se concluyó que a Uribe Turbay no se le brindó la atención necesaria. Mosquera incluso señaló que en más de 20 oportunidades oficiaron al Gobierno para pedir más protección. “El juez consideró que efectivamente al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, dijo Mosquera en su momento.Hechos e investigadosUribe Turbay fue baleado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, de Bogotá, cuando se encontraba en un mitin político junto a sus seguidores. Un joven de 15 años le disparó con una pistola Glock 9 milímetros en la cabeza y una pierna, generándole graves heridas que lo llevaron a ser enviado a la Fundación Santa Fe, donde murió el 11 de agosto.Director de la UNP, Augusto Rodríguez. Foto:Sergio Acero YateDesde los primeros días luego del atentado sicarial, que tiene como principales indiciados a los disidentes de las Farc de la ‘Segunda Marquetalia’, el presidente Petro manifestó que se tenía que revisar si había alguna responsabilidad en los escoltas del congresista. No obstante, ahora el ente acusador indica de manera preliminar que sería Rodríguez quien omitió las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida del político de 39 años.Las alertas de que se había sido omisivo con la seguridad de Uribe Turbay las hicieron varios políticos. Entre ellos está el representante a la Cámara Hernán Cadavid, quien indicó que el director de la UNP lo denunció ante la Corte Suprema por tales señalamientos. LEA TAMBIÉN Con Rodríguez ya son 10 las personas bajo la lupa por este caso. Ya están judicializados el joven sicario, Carlos Eduardo Mora, Elder José Arteaga, Cristian C. González, Katerine Martínez, Simeón Pérez, Jhorman Mora, William González y Harold Barragán.Seis capturados negociaron preacuerdos con la Fiscalía General, en los que a cambio de declararse culpables les rebajan la pena. Las más recientes negociaciones las adelantaron Martínez –alias Gabriela–, quien pagaría 21 años y dos meses de cárcel, y Pérez, el presunto enlace entre las disidencias de ‘Iván Márquez’ y la banda de sicarios que adelantaron el crimen.Ese tipo de beneficios judiciales han generado el debate de qué tanta verdad puede alcanzarse de parte de los detenidos, en aras de establecer quiénes ordenaron el magnicidio. Estos han ido aceptando sus responsabilidades sin dar detalles de los que están detrás.Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com