El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la modificación de la Ley trans valenciana impulsada por PP y Vox | LGTBIQ+

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que el Gobierno recurrirá la Ley de Acompañamiento (de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera) de la Comunidad Valenciana porque “restringe derechos de las personas LGTBI+”. Aunque la norma fue aprobada en mayo por el PP valenciano para asegurarse el apoyo de Vox en la tramitación de los presupuestos regionales; una de las enmiendas a la misma abre la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohíbe a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorga a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.“No vamos a consentir que los ciudadanos valencianos tengan menos derechos o libertades que los del resto de España”, ha dicho la ministra Redondo. “Los derechos LGTBI+ se han utilizado [en Valencia] como moneda de cambio para alcanzar acuerdos presupuestarios, algo inmoral, injusto e inconstitucional”, ha añadido la titular de Igualdad, desde Gandía, donde, acompañada de la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, se ha reunido con entidades LGTBI+. También ha especificado que el Ejecutivo recurrirá al Constitucional “antes de que concluya febrero”. “El pasado mayo, PP y Vox vaciaron de contenido la ley trans valenciana a través de enmiendas que eliminaron derechos LGTBI+ ya consolidados en Valencia desde hace años”, han expresado desde la Federación Estatal LGTBI+ (Felgbti+), que ha celebrado el anuncio del recurso al Constitucional realizado Redondo. La organización, que representa a más de 55 entidades de todo el territorio, considera que con esos cambios promovidos por los conservadores y la extrema derecha “se debilita el derecho de autodeterminación de género; se rebajan los compromisos en educación en diversidad; o se abre la puerta a las mal llamadas terapias de conversión, entre otros recortes”.Justamente, la semana pasada, el Consejo de Europa instó a los Estados miembros a prohibir las “inhumanas” falsas terapias de conversión LGTBI+ “debido a su carácter discriminatorio, degradante, dañino y fraudulento”. También pidió a la Comisión Europea que catalogue esas prácticas como Eurodelitos. En España, son ilegales desde hace tres años, cuando se aprobó la Ley trans (la 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI). “Confiamos de nuevo en la intervención de la justicia porque somos más quienes queremos una sociedad democrática, igualitaria, que no dé pasos atrás, ni deje a las personas más vulnerables en los márgenes. Esta ola reaccionaria, que se expande por todo el territorio estatal y el resto del mundo, nos encontrará de frente”, ha dicho la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, que también estaba en el acto de Gandía. “España es un país que defiende y valora los derechos humanos”, ha agregado, “así lo demostró el Tribunal Constitucional cuando el PP intentó recortar libertades también en Madrid”.En diciembre de 2023, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, inició la reforma de las leyes LGTBI+ y trans regionales, que habían sido aprobadas por su propio partido en 2016 e incluso avaladas por ella misma. El Ejecutivo de Pedro Sánchez recurrió la modificación al Constitucional que en noviembre de 2024 bloqueó las intenciones de Ayuso.“El PP está impulsando las primeras leyes anti derechos LGTBI+ de la historia de nuestra democracia”, han incidido desde la Felgtbi+, que avisa de que los recortes promovidos por PP y Vox en la Comunidad Valenciana forman parte de una tendencia aplicada en varias comunidades autónomas, como Extremadura, La Rioja o Madrid. Hace un año, la formación de extrema derecha propuso en seis plenos autonómicos la derogación de las normas que protegen al colectivo para testar la respuesta de los populares. Ninguna modificación salió adelante, excepto la valenciana. (En el caso de Madrid, fue el propio PP de Ayuso el que defendió los recortes). “Hemos de saber de dónde venimos para no repetir las leyes restrictivas de derechos que impedían a los ciudadanos ser ellos mismos y articular sus proyectos vitales en igualdad”, ha incidido la ministra de Igualdad desde Gandía. “Para no volver a esos tiempos oscuros donde se señalaba al diferente”, ha añadido.