De forma simultánea al control de la emergencia económica en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado estudia una demanda contra el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que aumentó en 23 % el salario mínimo.El alto tribunal tendrá que determinar la legalidad del nuevo monto que, según expertos económicos y juristas, no se fijó con base en los criterios técnicos exigidos.Este expediente fue repartido y asignado al magistrado Luis Eduardo Mesa, de la Sección Segunda, y, según fuentes de las cortes, estaría latente la posibilidad de dictar una medida cautelar que suspenda sus efectos mientras se decide de fondo.Esta es la petición que han elevado organizaciones como Fenalco, que advierten que el decreto podría generar impactos irreversibles, entre ellos presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas. “Esta no es una discusión contra los trabajadores, quienes se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de derecho y de la estabilidad económica del país”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio. El salario mínimo rige desde el 1° de enero de 2026. Foto:iStockEL TIEMPO conoció que la magistratura se encuentra estudiando jurisprudencia como la sentencia del 23 de marzo de 2017, cuando el Consejo de Estado, con ponencia del exmagistrado Gabriel Valbuena Hernández, tumbó el Decreto 2552 de 2015, mediante el cual se fijó el salario mínimo de 2016 en 689.454 pesos.El tribunal concluyó que no se sustentaron de manera adecuada las razones y los cálculos de la ecuación. Y se ordenó que en futuras decisiones se expliquen de forma rigurosa factores como la inflación, la productividad y la contribución de los salarios al ingreso nacional.Este escenario podría repetirse y no se descarta una suspensión provisional. EL TIEMPO conoció que, en dado caso, la Sala se limitaría a congelar, con base en criterios jurídicos, la orden del Gobierno, devolviéndole la pelota para que, mientras tanto, expida un nuevo salario mínimo sustentado en parámetros técnicos o concertado en la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales.Pero sería una decisión de doble filo. Tras finalizar la vacancia judicial y una vez las cortes avocaron conocimiento de los decretos de la emergencia económica y de la nulidad del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro publicó un polémico trino en el que llamó a salir a las calles para defenderlos.Salario mínimo. Foto:iStockAunque los magistrados se guíen por criterios jurídicos para salvar o tumbar este aumento —que, según expertos, no solo es desproporcionado, sino que tiene un tufillo de populismo de cara a las elecciones legislativas y presidenciales—, se enfrentarían a la impopularidad de restar ingresos a los trabajadores o de mantener un monto que, en el gremio empresarial, califican de insostenible.“La narrativa que tiene es que al incrementar el mínimo va a haber más plata circulando. Esa fórmula fallida ya la probaron en Venezuela, donde eso se tradujo en mayor inflación. Petro con fines electorales está poniendo en jaque el desarrollo económico de Colombia”, aseguró el representante del Centro Democrático Andrés Forero.“Aquí hay una intención política del presidente Petro de dejar una marca. Todos los presidentes hacen lo mismo”, dijo, por su parte, el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila.Al tener una intención política, de derogarse —sostienen los analistas— se fortalecería el discurso del supuesto ‘bloqueo institucional’ e, incluso, se avivaría la propuesta de una asamblea constituyente que modifique la estructura del Estado y el control judicial, planteada reiteradamente por el Presidente. Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia