El coletazo de la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro por la administración de Donald Trump terminó lacerando la ya maltrecha relación binacional entre Colombia y Estados Unidos, dejando en el aire la posibilidad de una intervención similar —“en caso de ser necesario”— contra el gobierno democrático de Gustavo Petro, a quien desde la Casa Blanca han reseñado de ser “aliado de los narcos”. Tras una aparente paz diplomática durante las primeras horas posteriores a los hechos, con un mensaje alineado con el multilateralismo que exigía respeto a la soberanía, al Derecho Internacional Humanitario y a la Carta de las Naciones Unidas, la diplomacia del pulgar —o de Twitter— fue subiendo el tono y el presidente Gustavo Petro terminó calificando de “aberrante” la captura de Maduro.Sin embargo, Trump fue el más desobligante. “Colombia también está muy enferma. Está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo”, dijo el mandatario estadounidense a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, cuando regresaba a Washington desde su residencia en Mar-a-Lago, desde donde autorizó la operación ‘Resolución Absoluta’ que llevó a la caída de Maduro.Una afirmación que se suma a los señalamientos de la rueda de prensa tras la captura del dictador, el pasado 3 de enero: “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga; está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”.Los argumentos de Washington se basan, principalmente, en el aumento de los narcocultivos, que en 2024 habrían superado las 260.000 hectáreas, y en el crecimiento de la producción potencial de cocaína, que en 2023 aumentó un 53 %, hasta llegar a 2.664 toneladas al año; el último dato del que se tiene registro, aunque extraoficialmente se dice que en 2024 esa cifra pudo haber alcanzado las 3.000 toneladas.Desde la Casa de Nariño, no obstante este crecimiento, han defendido los resultados principalmente en materia de incautación, que según cifras del Ministerio de Defensa, en los tres años del gobierno Petro superó las 2.700 toneladas, siendo “la más alta de la historia”.Si bien expertos internacionalistas como Sandra Borda han señalado que el mensaje de Trump busca “mostrar los dientes” a los países —o mandatarios— que no simpatizan con su Gobierno, y que la posibilidad de que escenarios como esos lleguen a configurarse es lejana —por factores como la falta de respaldo político interno en Estados Unidos a una nueva intervención y, en el plano judicial, la inexistencia de un indictment contra Petro que justifique su aprehensión—, sí se requieren esfuerzos para desescalar la tensión diplomática.”Una cosa es que se haya hecho realidad la intervención en Venezuela y otra muy distinta que, por cuenta de eso, ahora todos los gobiernos de América Latina, incluidos nosotros, tengamos que agachar la cabeza. Hay una distancia grande, en términos diplomáticos, entre una reacción de carácter institucional como la que tuvo la Cancillería —que rechazó de manera contundente las declaraciones de Trump— y el uso de las redes sociales para pronunciarse y dar declaraciones sobre el gobierno de Estados Unidos, que terminó convirtiéndose en un asunto personal”, aseguró Borda, quien agregó que uno de los caminos para enfriar la fricción diplomática es mostrar mejores resultados en la lucha contra las drogas.En este sentido, el gobierno Petro anunció para 2025 la retoma de la aspersión con glifosato mediante drones en los principales enclaves dominados por grupos ilegales, una estrategia con la que se espera fortalecer el componente de erradicación, uno de los más descuidados de la política antinarcótica, que apenas roza las 10.000 hectáreas al año.El otro camino para intentar resanar las fisuras es fortalecer la cooperación judicial mediante las extradiciones de narcotraficantes. Si bien este Gobierno ha sido uno de los que más ha firmado extradiciones a Estados Unidos —la gran mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas—, la suspensión de los envíos de capos como ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera, o de ‘Mocho Olmedo’, al priorizar las conversaciones de paz que adelanta el Ejecutivo con sus estructuras armadas, generó ampolla en la Casa Blanca. Un punto que el presidente Petro deberá tener en cuenta en el ejercicio de la discrecionalidad que le compete.Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia