La FP es una de las grandes historias de éxito educativo de España en lo que va de década. Una alineación de elementos ―cambios en el mercado laboral y en la visión de las familias sobre la enseñanza en general y la profesional en particular, una clara apuesta política, una nueva ley, y un aluvión de fondos europeos― han producido una explosión en los estudios. En seis cursos, la Formación Profesional ha ganado 344.073 alumnos, un 41% más, hasta alcanzar 1.181.272. Los datos muestran además una rápida expansión de la enseñanza privada en la FP, que ha crecido en dicho periodo más del doble de rápido que la pública. Alejandro Gutiérrez y Javier Barreda, de 18 años, llegan en la mañana del jueves al centro privado Devante MEDAC Albalá, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, donde cursan un grado medio de informática. “Es lo que nos tocó porque no nos daba la nota”, explica Gutiérrez. De haber plazas, dice, habrían optado por la pública, que además sería “más cerca de casa”. El ciclo cuesta 7.200 euros por dos años, aunque en su caso pagan la mitad gracias a una beca. El suyo no es un caso aislado. La falta de plazas públicas, advierte un informe de Comisiones Obreras publicado este jueves, obliga a un número cada vez mayor de jóvenes a pagar entre 3.000 y 9.000 euros por estudiar los ciclos (en la pública es gratuito, salvo en Madrid y Cataluña, donde los ciclos superiores rondan los 800 euros). Y, si no pueden pagarlos, a “abandonar determinados itinerarios formativos”, lo que tiene “un impacto especialmente negativo sobre las clases trabajadoras y la juventud con menos recursos, que ve limitado su acceso a las titulaciones” con mejores expectativas de empleo y salario, advierte el sindicato.En el curso 2018-2019, la pública tenía 600.113 estudiantes de FP, lo que representaba el 72% del total. La privada tenía, por su parte, 237.086, un 28%. Seis años más tarde, la pública suma, 780.338, y la privada, 400.934, y sus cuotas del alumnado han pasado a ser el 66% y el 34% respectivamente. La pública, impulsada en ese periodo por una inversión de 748 millones de euros para la creación de nuevas plazas por parte del Ministerio de Educación, aumentó un 30% su número de estudiantes. La privada, entre tanto, lo hizo un 69%, lo que implica un crecimiento 2,3 veces más veloz.El avance de la privada se debe en gran medida al extraordinario boom de la FP a distancia. Una modalidad en la que la privada ha crecido nada menos que el 324% hasta sumar 128.971 alumnos, lo que la ha llevado a superar a la pública (que tiene ahora 94.329 estudiantes, tras haber crecido un 65%). Esta es la segunda señal de alarma que destaca el informe de Comisiones, ya que la FP privada a distancia no alcanza en parte de los casos los estándares exigibles en materia de “tutoría, evaluación, presencialidad durante el desarrollo de las prácticas y transparencia”, por lo que el sindicato reclama un auténtico programa de inspección público.Disparidad por comunidades autónomasLa penetración de la privada es muy distinta en unas comunidades autónomas y otras, con diferencias que alcanzan los 35 puntos porcentuales en el caso de los estudios de FP en formato presencial. Los territorios con mayor peso de la privada presencial son Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%), y Cataluña (35,6%). Y aquellos donde menos cuota tienen son Canarias (9%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%), y Navarra (18%). La media en España de estudiantes en la privada en la modalidad presencial es del 28,4%. Un centro de Formación Profesional privado en San Blas-Canillejas (Madrid). Victor SanjuanEn lugares como Madrid y Cataluña, señala el sindicato, “la falta de plazas públicas en ciclos de alta empleabilidad deriva de forma sistemática al alumnado hacia centros privados, encareciendo el acceso y consolidando una lógica de selección por renta”. Mientras que en territorios como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Galicia, los problemas proceden de “la baja densidad empresarial y la dispersión territorial, que dificultan la disponibilidad de prácticas y el acceso efectivo a determinados ciclos, especialmente fuera de las capitales”.El informe de Comisiones Obreras ofrece los datos territorializados (por comunidades) de la privada sin incluir al alumnado a distancia para evitar la distorsión que genera el hecho de que la mayoría de empresas que la ofrecen están ubicadas en Cataluña y Madrid. Al matricularse en dichos centros, a efectos de la estadística oficial, los estudiantes residentes en otras autonomías pasan a constar como alumnos de Cataluña y Madrid. Eso explica que entre ambas sumen casi el 80% de la matrícula a distancia de la privada (101.851 estudiantes) y que en muchas comunidades aparezcan cifras muy bajas de alumnado de FP privada a distancia (en cuatro, de hecho, no consta que haya ninguno matriculado).Las titulaciones filón para la privadaComisiones identifica ocho titulaciones en las que la educación pública mantiene una oferta claramente inferior a la demanda o que incluso no se oferta en algún territorio, y en las que, como consecuencia, la privada ha encontrado un filón, la mayoría sanitarias y tecnológicas. Se trata de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Radioterapia y Dosimetría; Higiene Bucodental; Anatomía Patológica; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Desarrollo de Aplicaciones Web; Educación Infantil, e Integración Social. Raúl González, de 18 años, estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web, ni siquiera llegó a intentar acceder a un centro público: “No había ni una vacante”, explica. Lo cuenta mientras espera al inicio de su clase en el centro privado, donde actualmente cursa el grado. Para ello, paga 300 euros al mes, unos 7.200 euros por los dos años.En Imagen para el Diagnóstico, una de las titulaciones más demandadas, estudia Jeremías R., de 23 años, que prefiere no dar su apellido. Llegó desde Argentina, donde había iniciado Medicina, pero la burocracia y “mucho trámite” le cerraron la puerta de la pública. Explica que, en la privada, podía matricularse de manera rápida y directa: “Acá era venir a pagar y listo”, resume desde la entrada del centro. Según cuenta, su curso cuesta 780 euros mensuales (18.720 por los dos años). No está del todo contento con las prácticas: “Nos habían prometido muchos convenios, pero no existen. Tenemos que buscarlos nosotros. Ahora mismo está una profesora intentando ver si puede”.El sindicato propone una batería de medidas para revertir la tendencia de los últimos años. La primera, un “plan estatal-autonómico de expansión de la FP pública con financiación plurianual, priorizando centros de alta demanda y territorios con mayor privatización o listas de espera. El documento propone también establecer criterios obligatorios, como ratios máximas de alumnos por tutor en ambas redes educativas. Un refuerzo del sistema de inspección para garantizar la calidad en la privada. Y un sistema integrado de datos, que permita conocer cuántas plazas públicas se ofertan en cada comunidad autónoma, cuál es la demanda, la lista de espera por ciclo formativo, así como cuáles son sus tasas de abandono, titularidad y grado de inserción laboral una vez terminado. Comisiones también reclama un registro público único de centros autorizados, y que, para ser incluidos en él, las empresas deban acreditar unos mínimos de plantilla, equipamiento y tutoría de prácticas, así como un sistema que garantice la “trazabilidad” de las prácticas.

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