Más de 23 veces el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay solicitó, sin respuesta, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que su esquema de seguridad fuera reforzado. Estas peticiones no atendidas son la esencia de la imputación de cargos por presunta omisión contra Augusto Rodríguez, uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, quien se convirtió en el primer alto funcionario del Gobierno vinculado penalmente a la investigación del magnicidio.El 30 de julio, un mes largo después del ataque sicarial, Rodríguez, director de la entidad encargada de tasar los niveles de riesgo de los ciudadanos y ofrecer dispositivos de seguridad acordes a ellos, aseguró que el Estado colombiano “hizo todo lo que tenía que hacer” para protegerlo y que fue su esquema de protección el que tomó malas decisiones.Homenaje en el parque El Golfito, donde asesinaron a Miguel Uribe Turbay Foto:Tomadas de @mcarolinahoyost en Instagram”Atacan al Gobierno; dicen que el presidente es responsable por haber polarizado. Dicen que la UNP no actuó como debería actuar, que hubo negligencia. Cuando la UNP —lo digo y afirmo en esta tierra que para mí es sagrada— hizo todo lo que tenía que hacer: cumplió con su deber, cumplió con todos los protocolos, suministró las personas de protección con su armamento y los vehículos de modelos recientes. El mismo Miguel Uribe, y de pronto, en conversación con su jefe de esquema, llegaron a algunas decisiones que fueron un poco negativas”, aseguró el alto funcionario.Sin embargo, el abogado de la familia de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, y el propio Centro Democrático han denunciado negligencia de su entidad, al haber pasado por alto una veintena de solicitudes que el candidato presentó para reforzar su seguridad. Estas omisiones motivaron una denuncia penal contra Rodríguez.”Presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP, esto conforme a que durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección, la última se presentó el 5 de junio del presente año. En estas solicitudes se establecía por qué al senador y precandidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, aseguró Mosquera dos días después del atentado.María Claudia Tarazona y su hijo en el homenaje a Miguel Uribe. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPOSegún el abogado, en 2023 la evaluación de riesgo que contrata la UNP había catalogado al senador Uribe con riesgo extraordinario. Así mismo, la entidad tampoco reforzó su esquema pese a que en 2024 había anunciado su aspiración presidencial.”Esto es muy grave, porque tenemos que investigar si fue por omisión que sucedieron estos hechos. Desde el 5 de junio del presente año se sabía que al candidato había que reforzarle la seguridad. Simplemente recibía respuestas de copy y paste de todo lo que le habían contestado antes”, agregó el apoderado.En diálogo con este diario, días después del intento de homicidio (que se terminó consumando este lunes 11 de agosto) Mosquera reveló que, además de su nivel de riesgo por ser una figura política de la oposición —condición que la misma Fiscalía reconoció como uno de los móviles del “magnicidio”—, el senador recibía seguimientos, mensajes intimidatorios, llamadas y una avalancha de insultos en redes sociales.El abogado le contó a EL TIEMPO que el esquema de Uribe Turbay era el más débil entre las cabezas visibles de la oposición. “Solo tenía dos camionetas, tres escoltas de la UNP y cuatro policías, que además eran compartidos con su familia”.Esta presunta mezquindad de la entidad respecto a su seguridad también fue ratificada por un juez de la República, que en la imputación contra Elder José Arteaga, alias El Costeño, concluyó que hubo responsabilidad del Estado.Lo que viene para la candidatura de Daniel Palacios Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia