Las diferencias internas demoran la amnistía prometida por Delcy Rodríguez en Venezuela

La ley de amnistía para presos políticos en Venezuela está demorada. El chavismo pretendía un debate exprés, pero la suspensión de la sesión parlamentaria prevista para el martes puso en evidencia que no será tan sencillo. La norma tendrá una nueva oportunidad en la sesión de la Asamblea Nacional prevista para este jueves. Las dilaciones son producto de las visiones encontradas que existen dentro del Gobierno de Delcy Rodríguez sobre los alcances del fin de años de persecución política en Venezuela.La promesa de aprobarla el martes que pasó, hecha por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ante la desesperación de los familiares de los detenidos, se ha estrellado con la complejidad que supone una legislación como esta en una Venezuela que se supone está iniciando una transición política.Mientras el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los cuadros más radicales del chavismo dicen que la ley tendrá límites, porque se está concediendo un perdón a quienes han cometido delitos, y ha fustigado contra las ONG que han acompañado a las familias; Rodríguez ha prometido, en cambio, que “todos van salir”. El diputado Jorge Arreaza, a cargo del grupo parlamentario que inició las consultas, se ha reunido con esas mismas ONG criticadas por Cabello para escuchar sus opiniones. Los gremios también han presentado propuestas. El de los periodistas, por ejemplo, pide una amnistía amplia para los perseguidos por ejercer su libertad de expresión y ha denunciado que todavía hay al menos 59 reporteros judicializados, cuatro en prisión, dos en arresto domiciliario, al menos 20 en exilio por persecución y otros con pasaportes anulados y alertas policiales. El fin de semana pasado, en una sesión de más de cuatro horas, diversas organizaciones expusieron las serias limitaciones que tiene el proyecto en la primera versión aprobada por unanimidad. La norma plantea la revisión de un período que va desde 1999 hasta 2026, pero está acotada a los meses y años en los que hubo protestas. Quedan excluidos los encarcelados injustamente, unas 500 personas, según los cálculos del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en su mayoría militares. Además, no plantea medidas de reparación ni garantías de repetición. Por el contrario, establece la eliminación de los expedientes de las causas que, han advertido las ONG, pueden conducir a la impunidad de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Más allá de las consideraciones jurídicas, la naturaleza de la ley de amnistía, una herramienta jurídica común en los procesos de transición, está en entredicho. No solo por lo que dice, sino por las acciones del propio Gobierno que la promueve. Las excarcelaciones de las últimas semanas tienen restricciones a la libertad. La nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, castigado por celebrar su libertad en público, puso en entredicho la reconciliación invocada por el chavismo desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “La amnistía no es un acto de perdón ni una concesión moral. Es una herramienta jurídica para resolver conflictos. Pero aún, sugerir que la víctima debe pedir perdón es una aberración que revictimiza y desvirtúa la justicia transicional”, escribió en sus redes sociales el abogado Joel García, uno de los principales defensores de los presos políticos. El cuestionamiento que hacen activistas y juristas es que una ley de este tipo no puede considerarse una concesión moral. Esto pasa por el reconocimiento de encarcelados y perseguidos durante dos décadas como víctimas del Estado y que la responsabilidad en la “violencia política” no es equivalente entre los sectores involucrados. El Gobierno ha dividido a quienes deberían ser beneficiados de la amnistía entre detenidos, sin considerarlos presos políticos, y víctimas de la “violencia política extremista”. Esta semana, los familiares de los presos políticos protestaron frente a la Asamblea nacional y lograron ser escuchados por un grupo de diputados a cargo de la redacción de la ley. Defensoras como Martha Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, señalaron que “la única vía legítima es el restablecimiento efectivo del Estado de derecho” en Venezuela. “La situación de las personas detenidas por razones políticas responde al colapso e instrumentalización del sistema de justicia para perseguir y condenar sin garantías, en abierta violación de la Constitución y el debido proceso”, dijo la activista. Su lectura es que con una simple decisión política podía liberarse a todos los detenidos. Militares presosLos familiares destacaron los casos de militares con condena cumplida que siguen en prisión años después. Uno de ellos es el militar retirado William Paredes, acusado por instigación a la rebelión. Hace tres meses, Paredes fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde sin que su familia sepa dónde se encuentra. “A mi esposo lo detuvieron en 2021 conmigo en Maracay, nos llevaron a una quinta en Caracas, donde yo estuve detenida seis días. Nos hicieron a ambos pruebas de polígrafo, que pasamos, porque ni mi esposo ni yo estamos involucrados en nada y ahí nos dijeron que igual él no podía salir. Cumplió su condena hace un año y no lo sueltan”, cuenta Thais Aparicio. Otro caso es el de Alberto Bracho, condenado a 30 años acusado de participar del atentado con drones que Nicolás Maduro sufrió en 2018. “El fiscal acusador está preso por corrupción, la jueza también y la supuesta víctima ya sabemos dónde está siendo juzgada”, contó su madre, Bárbara Bracho, de 50 años. El jueves 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, está previsto que el movimiento estudiantil se movilice para exigir la libertad plena de todos los presos políticos. El chavismo también sacará a sus seguidores a la calle para “defender” la industria petrolera mientras el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, recorre campos de producción en el país. La ley de amnistía, entre tanto, sigue esperando.