Los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el frente de las autodefensas ‘Contrainsurgencia Wayúu’ desbordan las 600 páginas. Esta es la sentencia contra el gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, el exparamilitar Salvatore Mancuso, quien acaba de ser condenado (nuevamente) por Justicia y Paz.Bajo los beneficios de este andamiaje transicional, con el que las AUC se desmovilizaron en 2005, esta sentencia “parcial” se suma a la primera proferida en su contra por el tribunal, por crímenes que ya pagó con ocho años de cárcel, el máximo permitido. Por esa razón, Mancuso seguirá en libertad, cumpliendo el año de prueba. Audiencia en sala de Justicia y Paz de Bogotá. Foto:Milton Díaz/El TiempoLa sentencia aborda la génesis de la incursión paramilitar de Mancuso, uno de los antiguos y más temidos cabecillas de la sabana ganadera de Córdoba. Su actividad criminal nace a comienzos de los 90’s, años en los que administraba la finca Campamento, en Tierralta, un predio que había sido heredado por su esposa. “Para entonces, la región vivía bajo el hostigamiento armado del Ejército Popular de Liberación (EPL), que mantenía en zozobra a ganaderos y comerciantes a través de secuestros, extorsiones, hurto de ganado y amenazas. La gravedad de la situación llevó a que en Montería se instalara la primera Brigada Móvil del Ejército en el país, con el objetivo de enfrentar los ataques guerrilleros contra la población civil”, recapitula la sentencia. La Brigada Móvil le suministró apoyo militar para enfrentar a los guerrilleros que estaban extorsionando a su padre y otros ‘patrones’ de fincas. Al servirles de guía, fue ganando reconocimiento como un ‘líder comunitario’, “comprometido con la seguridad de la zona”, se lee en la decisión judicial. El salto siguiente se dio en 1992, cuando Mancuso conoció al mayor Walter Fratini, entonces comandante de una brigada del Ejército Nacional en Córdoba. Con su respaldo y financiación, decidió conformar un grupo de ‘autodefensa’ denominado ‘El Caramelo’, que se financiaba mediante el cobro de una cuota anual a los ganaderos, calculada según el número de hectáreas de sus predios. Justicia y Paz es la ley que permitió la desmovilización de los paras, en 2005 Foto:Justicia y PazFratini, según la decisión judicial, suministró armamento, municiones y material de intendencia, lo que, en la práctica, dio a luz a este grupo paramilitar.Años después, en mayo de 1998, por instrucciones de la ‘Casa Castaño’ —la cúpula paramilitar comandada por Vicente y Carlos Castaño—, Mancuso, ya en condición de comandante del recién creado Bloque Norte, y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, contactaron a contrabandistas y narcotraficantes de la región para tejer alianzas estratégicas.El objetivo era crear redes de apoyo y expandir territorialmente la cruzada antiguerrilla. Además de la fuerte incidencia en el departamento, adelantaban ataques selectivos en municipios del sur de La Guajira, disputando el control con frentes de las Farc y el Eln, a los que finalmente lograron desplazar.En ese proceso surgió el Frente ‘Contrainsurgencia Wayúu’, creado en marzo de 2002. Su comandante general fue Carlos Alberto Sosa, alias ‘Ramiro’, y su comandante militar Francisco Robles Mendoza, alias ‘Amaury’. En sus inicios contó con unos 150 hombres y absorbió estructuras armadas como ‘Tomarrazón’ y comandos urbanos del centro y sur de La Guajira, operando en bases de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira.El narcotráfico se convirtió en una de las principales fuentes de financiación de esta célula paramilitar. Los puertos de Bahía Portete y Bahía Honda fueron ‘tomados’ para el tráfico de cocaína, que se complementó con el contrabando de trago, tabaco y otras mercancías.”La economía del grupo se sostuvo en el cultivo, procesamiento y producción de cocaína, que era exportada hacia Venezuela, Curazao, Aruba, Panamá y la isla de Margarita, muchas veces mediante trueques de droga por armas y municiones. A esto se sumó el cobro sistemático de cuotas mensuales a finqueros y comerciantes”, detalla la sentencia. En una reunión citada el 14 de enero de 2000 en Río Negro, se decidió instalar un peaje ilegal en el corredor entre el peaje de Santa Marta y el de El Ebanal, en La Guajira, y se decretó una cuota de un millón de pesos mensuales por hectárea a los propietarios de fincas.Y, junto con las fuentes de financiación, se impuso un régimen de terror en el que, para exterminar a cualquier persona u organización que ‘oliera a izquierda’ —tras estigmatizar falsamente a comunidades enteras como colaboradoras de la guerrilla—, se perpetraron los peores crímenes de guerra.Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar. Foto:Archivo particularPor su responsabilidad en la línea de mando de esta estructura armada, Mancuso fue condenado por más de 30 homicidios y por delitos como desaparición forzada, actos de terrorismo, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, amenazas, discriminación racial, detención ilegal, privación del debido proceso y violencia sexual contra personas protegidas. La sentencia recopila con nombre propio de las víctimas todos los hechos y falla la indemnización y mecanismos de reparación a los que tienen derecho.También estableció que el sentenciado deberá suscribir un acta en la que se comprometa a su resocialización mediante trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca vinculado al proceso transicional.Comenzó la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia