El secuestro de la senadora indígena Aida Quilcué, este martes 10 de febrero en Cauca, es el cuarto atentado contra congresistas durante los últimos dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.Quilcué fue liberada horas después, según la guardia indígena, a unos kilómetros del lugar donde fue interceptada.En junio del año pasado, este termómetro de violencia llegó a su punto más alto con el asesinato del precandidato opositor Miguel Uribe Turbay.En la lista también figura el reciente ataque a bala contra la caravana del senador de la ASI Jairo Castellanos, entre Fortul y Tame (Arauca), el pasado 5 de febrero, hecho atribuido al Eln y en el que fueron acribillados dos escoltas.Se suma el atentado contra los vehículos y el esquema de seguridad asignado al representante de Cambio Radical Julio César Triana, en la vía La Plata (Huila), en agosto de 2025.En esta zona también tienen fuerte influencia las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, aunque la responsabilidad por estos ataques suele quedar en señalamientos difusos y rara vez individualizados.Según la MOE, se han registrado hechos de violencia política o electoral en 188 municipios, de 28 de los 32 departamentos, además de Bogotá, donde fue perpetrado el atentado contra el senador Uribe Turbay.Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá D. C. concentraron el 40 % del total de casos registrados.Frente a la violencia letal, el Cauca —donde se perpetró el secuestro exprés de la senadora Quilcué— presentó la situación más crítica, con 28 hechos, seguido de Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander, que en conjunto representaron el 42 % de los casos de violencia letal en el periodo analizado.”Los liderazgos políticos y sociales fueron los más afectados con 54 y 44 casos, respectivamente, finalmente los comunales con 35. Además, casi la mitad de los hechos (45%) ocurrieron en zonas rurales, que son precisamente los lugares donde se celebrarán las elecciones para las curules CITREP. Lo anterior evidencia la alta vulnerabilidad de los liderazgos en territorios con limitada presencia institucional”, se lee en el informe.En diálogo con este diario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que el mapa de riesgo electoral ha empeorado desde la última alerta temprana, en octubre del año pasado.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia